El auge del mundo financiero ha deformado nuestro sistema de valores sociales para transformarlo en una gestión de riesgos personales.

Que las grandes instituciones financieras representan un problema económico y político es algo evidente, pero el riesgo real va más allá. No se trata solo de que los grandes bancos son demasiado grandes como para “dejarlos caer”. El meollo de la cuestión es cómo el mundo financiero está rediseñando la economía real, los gobiernos y a nosotros mismos, en aras a servir las necesidades exclusivas de las propias entidades financieras.

No cabe duda de que los grandes bancos están fuera de todo control. El enorme crecimiento del sector financiero ha facilitado el sometimiento público a sus proclamas hasta el punto de cuestionarse si sus actuaciones “offshore” son legales o no. Y lo grave del caso, es que generalmente “salen airosos” ante eventuales insinuaciones de delitos fiscales, amparados en la “letra pequeña” contractual y en leyes promovidas por ellos mismos. 

Los efectos de las finanzas sobre instituciones y empresas en los que trabajamos son aún más importantes. Desde los años 80, ha habido una revolución en la forma en que las empresas desarrollan su actividad, y el factor dominante es que los accionistas están al mando. Esto hace que los objetivos de todo negocio estén orientados a satisfacer a sus accionistas mediante el pago de dividendos, a costa de inversiones reales.  

El mundo financiero ha transformado su actividad inversora para convertirse en simples comisionistas. 

Los números son sorprendentes. Los pagos a los accionistas en 2014 excedieron cifras equivalentes al total de los beneficios corporativos. Este es el nuevo escenario: desde los años 40 hasta los 60, cerca de un cuarto de los beneficios fueron a parar a manos de los accionistas. En este período, las empresas pedían prestado para invertir en investigación, infraestructuras, tecnología y personal. Ahora piden prestado para recompra de acciones y pago de dividendos. Lo financiero era una forma de obtener dinero para inyectarlo en nuestro sistema productivo. Ahora es una herramienta para “sacar” dinero de las empresas. 

Este cambio tiene serias consecuencias macroeconómicas. Se presta más atención a una huelga o un ERE de una empresa que al pago de dividendos a los accionistas por parte de esa misma empresa. Si el coste de una huelga o del despido de trabajadores se hubiera repartido entre los trabajadores habría servido para ayudar a miles de familias a superar, por ejemplo, el “hachazo digital”. 

En un momento de baja demanda, bajas tasas de interés y elevados beneficios empresariales, lo razonable hubiera sido destinar tales recursos a la actividad inversora para aprovechar las oportunidades que tales beneficios generarían. Pero no es así dado el incesante poder del mundo financiero a la hora de diseñar su propio futuro. 

Más allá de qué instituciones deberían velar por ello, existe además un componente ideológico. De forma creciente actuamos nosotros mismos como pequeñas entidades financieras que asociamos los bienes sociales como meros reclamos financieros. Es como si viviéramos en una “sociedad a la carta”, aquella donde servicios y actividades ligados a nuestra vida social han sido “asegurados” hasta convertirlos en una especial de “capital social”. 

En lugar de tratar la educación como un derecho del individuo, se considera una inversión en “capital humano” canalizado a través de préstamos y créditos a los estudiantes. En lugar de centrar nuestros esfuerzos en “asegurar” un sistema público de pensiones, animamos a la gente para que “gestione” sus propios riesgos de jubilación.  

El estado permanece oculto en nuestro día a día, trabajando en diseñar complejos “mecanismos de mercado” en lugar de centrar su actividad en ayudar directamente a sus ciudadanos.  

Y en lugar de asumir que los problemas económicos requieren soluciones colectivas, se las aparta como si se tratase de asuntos privados, de riesgos individuales a ser gestionados. Aquellos con escasos recursos económicos para “navegar en el interminable laberinto” de los programas de ahorro fiscal, son apartados y definitivamente olvidados. 

Es posible imaginar un mundo en el que el sistema financiero no “explote” tan a menudo, o incluso uno en el que tales crisis no provoquen los resultados devastadores a los que les asociamos hoy en día. Es incluso posible considerar una sociedad en la que los individuos no sean tratados como tenedores individuales de elaborados programas financieros de “capital humano”, sino como ciudadanos merecedores de “derechos económicos básicos”. Pero para lograr tales escenarios, es fundamental imaginar un mundo en el que “lo financiero” permita a la economía doméstica prosperar, en lugar de usarlo como si de un “banco-hucha” se tratase solo para lograr beneficios a corto plazo.