CAMBIHENARES
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22-01-18

Hasta ahora, el concepto “pensión” era un derecho inalienable, universal y basado en una actividad laboral continuada. Ahora, el escenario ha cambiado.

En primer lugar, el derecho a una pensión pública digna es, cuando menos, cuestionable por cuanto la última Reforma Laboral deja vía libre a la “amortización” de puestos de trabajo, al despido “pseudo-libre”, al advenimiento de “trabajos basura” y a la práctica imposibilidad de reintegrar dentro del ámbito laboral a los desempleados mayores de 50 años. La dignificación de la pensión queda, pues, en entredicho. ¿Alguien, en las administraciones públicas, se ha interesado en arbitrar medidas de índole laboral para los “expulsados” del sistema gracias a la Reforma Laboral?

La universalidad del sistema de pensiones públicas es también un concepto cuestionable por cuanto los nuevos cotizantes (las generaciones más jóvenes), con salarios mileuristas y con vida laboral no continuada (hoy trabajo, mañana no), difícilmente podrán optar a una pensión pública que “salga” de sus cotizaciones a la Seguridad Social. 

Otra realidad es el ideario por el que se creó la Seguridad Social en los años 60 del pasado siglo. La idea era clara. El país (España), estaba “hecho unos zorros”. Todo estaba por hacer. Había trabajo pendiente en muchos sectores y, por fin, desde el exterior nos financiaban. Un trabajador desarrollaba toda su vida laboral en una misma empresa y era relativamente fácil y progresista ofrecer una pensión pública para los que se jubilasen a los 65 años con una esperanza de vida media de unos diez años más. Así nace el sistema público de pensiones en nuestro país. Pero esa realidad ha dejado de ser. Los tiempos actuales, con el advenimiento de las nuevas tecnologías y la digitalización/automatización de procesos, no precisan, por un lado, de tanta mano de obra intensiva y, por otro, la esperanza de vida media ha pasado de los 75 a los 85 años. 

Es evidente que no va haber dinero suficiente para pagar pensiones basadas exclusivamente en las cotizaciones a la Seguridad Social.

Esta es la razón por la que ahora TODOS los partidos políticos nos anticipan la necesidad de crear nuevos impuestos o subir alguno de los actuales. Hasta ahora, el mensaje político siempre había sido “el sistema público de pensiones está garantizado”. No nos dijeron para quiénes o hasta cuando.

La propuesta del PP de recalcular la pensión pública en base a toda la vida laboral del trabajador “suena” justa, pero puede encubrir un cierto aroma a trampa electoral. Es posible que los desempleados de larga duración mayores de 50 años pudieran beneficiarse de esta medida. No es tan claro en aquellos casos de trabajadores que decidieron montar su propio negocio y pasar al régimen de autónomos.  

Sea como fuere, lo más probable es que tal propuesta esconda la necesidad de un mayor gasto en materia de pensiones respecto del actual. Un gasto que no cubriría ningún eventual impuesto a la banca.

En un momento en que el PP parece perder apoyos electorales, su propuesta invita a la reflexión. Primero, se hace llegar al Pacto de Toledo, mesa que aglutina a todos los partidos políticos para su análisis y discusión. No se plantea como un asunto de debate público. Si la oposición (PSOE, Ciudadanos y Podemos) dicen que no o no se pronuncian, el PP “venderá” a la opinión pública que la oposición no desea mejorar las pensiones de nuestros mayores y, con ello, podría perseguir “cargarse” el Pacto de Toledo al convertir las pensiones en un asunto del Gobierno. Si la oposición se pronuncia de forma favorable, el PP podrá “vender” a la opinión pública la necesidad “consensuada” de nuevos impuestos para financiar las pensiones públicas y, de paso, liberaría a la banca de pagar nuevos impuestos. Jugada “de libro” para mantener y ganar votos en las próximas elecciones generales. 

Llegados a este punto, lo más probable y con ciertas garantías de satisfacer las obligaciones públicas pensionables a futuro, sería una subida del IVA de uno o dos puntos. Subida que pagaremos todos, pensionistas incluidos, ya que repercute sobre las principales áreas de consumo. No es la mejor idea, aunque a corto plazo parezca la solución ideal, ya que no educa al ciudadano trabajador en el concepto de que “se percibe lo que se entrega cuenta”. Y nada más. 

Pero no es menos cierto que nadie tiene garantizado su derecho al trabajo durante toda su vida laboral y, en consecuencia, a una pensión digna el día de su jubilación o despido.

Existe, lógicamente, otra opción: bajar las pensiones públicas más altas, subir las más bajas y reducirlas todas de 14 a 12 pagas, a semejanza de la realidad laboral de muchos trabajadores jóvenes en la actualidad. Jóvenes, cuya situación laboral y personal (es decir, su futuro) no parece interesar a sus progenitores pensionistas, lo cual implica un cierto grado de egoísmo.

Se debe, pues, trabajar en una reforma de nuestro sistema público de pensiones adecuado a los nuevos tiempos y que también busque la “justicia social” dentro de este campo, al margen de votos e idearios políticos, con el menor impacto impositivo posible. Pero ya me gustaría ver quién, en este país, se atreve a “poner el cascabel al gato”.


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